Dice la Constitución Española que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin distinciones de ningún tipo. Pero en campaña o precampaña electoral las cosas son diferentes. Sólo así pueden entenderse las diferencias que se hacen efectivas a cuenta del llamado “cheque-bebé“, esto es, las ayudas estatales por el nacimiento de hijos, de reciente aprobación por el Gobierno.

En un principio se anunciaron unas ayudas de 2.500 euros por cada nacimiento. La oposición contraatacó a continuación prometiendo que ellos darían unas ayudas de 3.000 euros “por cabeza”. Pues bien, hoy se ha sabido que Esquerre Republicada de Catalunya (ERC) y el PSOE han pactado que las ayudas por cada bebé lleguen hasta los 3.500 euros en determinados casos: madres solteras, familias numerosas y aquellas que tengan hijos con problemas de discapacidad.

No es que dichos colectivos no merezcan una ayuda mayor de los 2.500. Seguramente, necesitarían incluso más de los 3.500 euros prometidos. Pero ¿por qué esa distinción para esos colectivos? ¿Qué hay de aquellas parejas con hijos, en las que solo trabaja un cónyuge que cobra en torno a los mil euros, que tiene su hipoteca (o su alquiler de piso), sus gastos familiares… Estamos hablando de un estandar, no de una excepción. ¿No tienen quizás tanto o más derecho que otros casos para recibir también esos 3.500 euros, sin que haya esa distinción? Es más, para la ayuda al nacimiento de hijos no se ha tenido en ningún momento en cuenta los ingresos de la unidad familiar a través de la renta. Es decir, Emilio Botín, Presidente del Banco Santander, podría optar también a la misma ayuda de los 2.500 euros (quizás a los 3.500, desconocemos si forma una familia numerosa).

En fin, en Gobierno se ha lanzado a prometer ayudas sociales a diestro y siniestro sin hacer un verdadero estudio y sin pensar en la forma correcta de hacer efectivas dichas ayudas. Se nota mucho que estamos en campaña electoral y que hay que mimar a determinados colectivos. Esto no quiere decir que las ayudas no sean necesarias, pero hay que hacer las cosas bien. Lamentablemente, el único miembro del Gobierno que ha dicho cosas sensatas últimamente ha sido el Ministro de Economía, Pedro Solbes, al indicar que hay que pensar bien la forma de hacer las cosas antes de prometer nada en campaña. Primero, si se trata de fomentar la natalidad o el alquiler de viviendas para jóvenes, hay que tener un debate serio en el seno de la sociedad y valorar todas las opciones posibles. Su preocupación también reside en el hecho de que se vaya a dilapidar el excedente coyuntural de ingresos que ha habido estos años. Es verdad que hay dinero extra para gastar en ayudas, pero se han comprometido ya muchos gastos, se ha prometido una rebaja sustancial de impuestos y los tiempos que se avecinan no parecen ser muy halagüeños para la recaudación: el enfriamiento progresivo de la economía y el brusco descenso en la venta de viviendas supondrá un recorte importante de los ingresos del Estado.

La conclusión final sería, cheque-bebé, sí. Ayudas a la vivienda para jóvenes, también. Pero dejemos un poco la demagogia, hagamos las cosas bien y no gobernemos pensando en los votos.

El pasado 1 de junio finalizó el período transitorio para que los garages y aparcamientos privados se adaptaran a la nueva ley del consumo que obliga, entre otras cosas, a cobrar el tiempo real de estacionamiento, sin los abusivos redondeos al alza que se aplicaban en función de las fracciones horarias.
Ahora bien, muchas organizaciones de consumidores se temían que la eliminación del redondeo y el cobro por fracciones horarias podría suponer un aumento de los precios de este servicio, prácticamente imprescindible en la mayoría de las ciudades españolas.

Pues dicho y hecho, con la excusa de la aplicación de la ley y aprovechando la inexistencia de controles y regulaciones en un servicio que comienza a ser básico, los propietariso y concesionarios de aparcamientos han decidido que era el momento de empezar a ganar más dinero de nuestra necesidad. A partir de ahora, actividades tan llamativas como llevar al niño al médico nos costará más caro, porque claro, tienes que aparcar en el aparcamiento de pago que está al lado del hospital. O eso, o te llevas al crío (con fiebre) en taxi o en metro.

En fin. Uno piensa que los reguladores que tanto se interesan por el precio de las llamadas de móviles desde el extranjero podrían tener también la sensibilidad de preocuparse por abusos mucho más cotidianos pero que, sin darnos cuenta, vamos asumiendo poco a poco como pérdidas de nuestros derechos.

Los ayuntamientos, con la excusa de regular el tráfico e “incentivar” el uso de los medios públicos de locomoción, fueron quitando las zonas de aparcamiento. Primero crearon las zonas azules de pago y luego, finalmente, sustituyeron las zonas azules por aparcamientos públicos para así financiar las faraónicas obras que realizan siempre que hay elecciones. Pero el caso es que los aparcamientos públicos terminan en manos de concesionarios que, con la connivencia de las administraciones locales, abusan de nosotros. El caso es que hoy mismo, ir al hospital con el niño cuesta 2,80 euros la hora de aparcamiento. Yo, particularmente, pienso que deberían poner el hospital al lado del Carrefour.

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Mientras los valores en bolsa de las principales inmobiliarias se desploman, con Astroc a la cabeza, el Gobierno insiste en que no hay motivos para la preocupación y que se trata únicamente de un reajuste en los valores de las cotizaciones de estas empresas.

Efectivamente, tienen razón al decir que los valores en bolsa de las empresas inmobiliarias estaban (y continúan estando) demasido sobrevaloradas, pero en la misma línea en la que está sobrevalorado todo el negocio inmobiliario en este país, empezando por el precio de la vivienda. Es como mirar para otro lado y no ver el problema.

Mientras tanto, el Financial Times londinense dedica un artículo muy interesante al fenómeno inmobiliario español, asegurando que tiene “todos los signos de una burbuja a punto de estallar“. En una de sus secciones más leídas, la columna “Lex Column”, el Financial Times dice que “los mercados peligrosamente inflados no duran para siempre”. El mismo diario indica lo “desafortunado” que puede resultar para los propietarios de vivienda el posible estallido de la burbuja y advierte a los inversores de la necesidad de controlar los valores más arriesgados.
Finalmente, el diario cita como causas de esta burbuja la inmigración, los bajos tipos de interés y el aumento de los ingresos de los españoles, destacando también el gran aumento de la deuda de las familias y el crecimiento del volumen de las hipotecas.

Desde el ministeria de la vivienda, dirigido por la ministra María Antonia Trujillo, se anuncia un nuevo plan para facilitar el acceso a la vivienda a determindos colectivos.

En este caso, la nueva “ocurrencia” del ministerio consiste el alquilar minipisos de entre 30 y 45 metros cuadrados a estudiantes universitarios, por un precio que podría oscilar entre 100 y 200 euros mensuales, durante un período máximo de 5 años. Cada “miniapartamente” solo podrá estar ocupado por una persona, y se trabaja para coordinar este programa con las diferentes universidades.

Si bien todas las iniciativas que se adopten para resolver el problema de la vivienda son positivas, quizás se echa en falta un plan más global para facilitar el acceso a la vivienda a todo el mundo y a un precio justo. De poco o nada sirve “echarle imaginación” al asunto cuando contemplamos a través de los medios cuanta corrupción y especulación se maneja alrededor de este bien impresdindible que es la vivienda. Antes que hacer carambolas, deberíamos conseguir que el mercado inmobiliario y del suelo funcionara correctamente, implicando no solo al ministerio de la vivienda (con escasos recursos), sino al resto de ministerios y administraciones locales y regionales. Lo que se percibe, fuera de los medios de comunicación, es que sigue faltando voluntad e implicación por parte de la clase política para resolver el problema.