Ante la crisis desatada en el sector de la construcción y el más que presumible cierre de empresas por el bajón de las obras, los sindicatos UGT y Comisiones han lanzado una idea para tratar de minimizar dicho impacto entre los trabajadores dedicados al sector.

Según las distintas fuentes, la crisis inmobiliaria dejará en la calle a entre 250.000 y un millón de trabajadores. Hasta el momento, el Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa concreta para recolocar a los empleados que se vean en el paro, aunque sí ha hecho una reserva de alrededor de 200 millones de euros en previsión de que haya que tomar decisiones serias al respecto.

Desde UGT y Comisiones Obreras se propone ahora adelantar la edad de jubilación del sector de la construcción hasta los 60 años, lo que, según los propios sindicatos, podría evitar que cerca de 250.000 trabajadores engrosaran las listas del paro.
Según UGT y Comisiones, de los 100.000 trabajadores del sector que se han ido al paro en los 12 últimos meses, la mitad son de más de 60 años, lo que les convierte en el segmento más débil y que más difícil tendrán conservar su empleo. Calculan que existen actualmente alrededor de 86.000 empleados de más de 60 años, a lo que habría que añadir unos 345.000 trabajadores con una edad muy cercana (entre 50 y 59).

El objetivo de la propuesta es evitar que los mayores de 60 años se vean en la situación de desempleo y, a la vez, que se incrementen las prestaciones por desempleo, de manera que las cuentas del estado entre la Seguridad Social y los fondos por desempleo se vean compensados.

La Caixa se ha sumado al debate sobre el futuro de las pensiones, alineándose del lado de los que proponen retrasar la edad de jubilación hasta los setenta años. Esta es una de las conclusiones elaboradas por la entidad en el informe mensual que elabora el Servicio de Estudios de La Caixa.

Según La Caixa, retrasar la edad legal de jubilación es factible ante el aumento de la esperanza de vida y el nivel de salud, y añade que se trata de un cambio necesario para minimizar el impacto del envejecimiento sobre los sucesivos presupuestos públicos.

En concreto, propone que este incremento de la edad de jubilación se aplique de manera gradual. Así, según indica el informe, si cada año se retrasa seis semanas la edad de jubilación, ésta alcanzaría los 70 años en 2050, con lo que en ese ejercicio se reduciría un 20% la población en edad de jubilarse.

Además, en el mismo informe La Caixa propone la introducción del copago por parte de los usuarios para hacer frente al gasto sanitario y como instrumento para racionalizar el uso de los servicios de salud.

Para la entidad, el aumento de la población de mayor edad provocará un aumento del gasto público en pensiones, sanidad y políticas de dependencia que, de no corregirse a tiempo, tendrá un impacto negativo en las cuentas de la administración.

El Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ha anunciado hoy una ley que aumentará de forma paulatina las pensiones de jubilación para aquellas personas que decidan retrasar su edad de jubilación.

De esta manera, por cada año que se retrase la jubilación a partir de los 65 años, la pensión a percibir se vería aumentada en un 3%, de manera que quien se jubile a los 70 años recibiría un 15% más de ingresos durante la jubilación.

La medida también supondrá una ventaja para las empresas, ya que estas no tendrán que cotizar por los mayores de 65 años. Todas estas medidas se contemplan siempre para los casos de que sea el trabajador el que libremente decida prolongar su vida laboral.

Con esta ley, el Gobierno pretender incrementar poco a poco la edad media de jubilación, adaptándola a los cambios demográficos y a la mayor esperanza de vida de la sociedad.

Según el acuerdo alcanzado en el Congreso entre el PSOE, IU y CiU, el tiempo de servicio militar obligatorio tendrá validez a los efectos de poder acceder a la jubilación anticipada, al igual que ocurrirá con la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

El acuerdo se alcanzó en el seno de la ponencia de la Comisión de Trabajo que estudia el proyecto de Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, donde se incluyen reformas sustanciales en la norma actual sobre la incapacidad temporal y permanente o la jubilación, además de equilibrar medidas para alargar la vida laboral y aumentar la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones (aseguramiento del sistema) mediante la mejora de pensiones y adaptación a los cambios sociales.

En esta reforma, se establece que una de las posibles vías para acceder a la jubilación anticipada es acreditar un periodo mínimo de cotización efectivo de 30 años. En ese período mínimo de 30 años cotizados se podrá incluir el servicio militar obligatorio o la prestación social que realizaron los objetores de conciencia, con el límite máximo de un año.

Una parte del fondo público de pensiones español podrá ser destinado a inversiones en bolsa con el fin de rentabilizarlo y obtener ciertas plusvalías. Este es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y los agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC OO y UGT) sobre el fondo de reserva de la Seguridad Social.

La propuesta inicial para este acuerdo surgió del propio gobierno hace unos meses, con la idea de invertir una parte del fondo en mercados de renta variable. Se trataría de conjugar la seguridad en las inversiones con más rentabilidad, invirtiendo únicamente una parte de él, una cuantía que se decidirá posteriormente mediante el desarrollo reglamentario de la ley.

Actualmente, el fondo de las pensiones supera los 40.000 millones de euros, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado mes de febrero una dotación adicional de 4.000 millones. Este fondo se nutre, principalmente, del superávit existente actualmente en la seguridad social por el aumento en el número de cotizantes, y el fin de fondo es asegurar el pago de las pensiones durante un cierto tiempo en el caso de que hubiera que recurrir a él por no poder hacer frente a los compromisos de pago de las pensiones.

Según un estudio de las cajas de ahorro, el sistema español de pensiones podría entrar en déficit dentro de 4 años. El fondo de reservas de la Seguridad Social podría paliar durante unos años (entre 7 y 10) ese déficit, pero a más largo plazo el envejecimiento de la población española provocará que la relación entre los pensionistas y los cotizantes aumente desde el 0,44 actual al 0,81. Ello a pesar del aumento del número de cotizantes que se ha producido en los últimos años debido a la llegada masiva de inmigrantes.
Según los autores del informe, habría que incidir en la opinión pública, informándola de la “necesidad de reformar el sistema para garantizar su sostenibilidad”. Una de las medidas más importantes que sugieren es retrasar de forma obligatoria la edad de jubilación, desde los 65 hasta los 70 años. De esta forma, se retrasaría unos 17 años la aparición del déficit de las pensiones.

Otra sugerencia de los autores es la de crear una oficina independiente que evalúe el sistema de pensiones. Dicha oficina sería la encargada de realizar los oportunos estudios del sistema y realizaría las “campañas de información” entre la ciudadanía.

Uno de los autores que ha participado en el informe de la Fundación Cajas de Ahorro (Funcas), es David Taguas, el recientemente nombrado director de la Oficina Económica del Gobierno y asesor personal de Presidente Zapatero para asuntos económicos tras la marcha de Miguel Sebastián a la candidatura a la alcaldía de Madrid.